A continuación el video y el texto íntegro que presentó en el monumento a Francisco Zarco en la Ciudad de México, durante la concentración a favor de la libertad de expresión, el presidente de la Fundación Buendía A.C, Omar Raúl Martínez, quien además de académico de la UNAM, también dirige la Revista Mexicana de Comunicación.
El título del presente post, obedece al del texto que a continuación reproduzco:
"A casi seis meses del XXV aniversario del artero asesinato de Manuel Buendía, el escenario las circunstancias para el periodismo mexicano, más allá de mantenerse, se han agravado y son francamente desoladoras.
Los datos preliminares del informe Buendía resultan irrefutables:
- Si en 2007 se registraron 113 actos contra periodistas y medios de comunicación, hasta el día de ayer en 2008 se consignan más 130 casos: la cifra más elevada desde el año 2000.
- En 2007 y 2008, la mayor parte (8o%) correspondieron a ataques público embozados a periodistas y a medios.
- Los incidentes con mayor recurrencia fueron las amenazas e intimidaciones, con 30%, y las agresiones físicas, con 25%.
- Los impresos continúan siendo los medios que más agresiones y amenazas recibe (60%), específicamente al momento de ejercer su labor informativa (31%) y por sus contenidos publicados (26%).
- Si bien más de 20% de los casos, la responsabilidad se atribuye a "desconocidos" y 9% a "supuestos narcotraficantes", ello no impide resaltar que el poder público continúa a la cabeza, con 50% de incidencias, como principal actor que vulnera las libertades informativas, a englobar fuerzas del orden, funcionarios de gobierno e instituciones gubernamentales. Esto evidencia y supone la omisión, inacción o ineficacia de la procuración de justicia.
- De los mas de 130 actos contra periodistas y medios registrados en 2008, destacan a) 10 homicidios, b) dos desaparecidos, c) cinco exiliados, d) nueve actos de censura y e) dos secuestros exprés.
- Si entre 2001 y 2003 hubo 7 asesinatos, entre 2006 y 2008, se contabilizan 25 asesinatos: 10 en 2006; 5 en 2007; y 10 en 2008.
Resulta fundamental prender los focos rojos en torno a la violencia desatada contra periodistas y medios, pero no pueden minimizarse de ninguna manera los actos que pudieran significar o presiones al ejercicio periodístico porque éstos no sólo tienden a inducir a la autocensura de medio afectado, sino que a la postre lanza una señal de inhibición al resto de los medios informativos. entre los casos más preocupantes destacan el boicot publicitario a la revista Proceso, las demandas contra Miguel Ángel Rivera y Granados Chapa, el silenciamiento a Carmen Aristegu y los diversos actos contra la revista Contralinea y particularmente contra su director Miguel Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez. Este rotativo ha sufrido numerosos agravios a su quehacer: no sólo demandas o bloqueo publicitario, sino ademas acoso intimidaciones, allanamientos y amenazas.
Vale la pena resaltar que el tema de la libertad de expresión no se limita a las agresiones físicas a informadores, pues existen otros linderos menos aparatosos pero que igual o mayor daño infligen al sistema democrático: por ejemplo, la concentración en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, y la discrecional y parcial asignación publicitaria. La inmovilidad legislativa en tales terrenos sientan tierra fértil para la "represión silenciosa" hacia algunos medios y espacios informativos que no se pliegan a los intereses de los poderes económicos y políticos. El estimular la pluralidad en los espacios de difusión informativa y de análisis, también es un asunto del poder legislativo.
Así, entre las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión en México, destacan:
- Promover reformas legislativas para despenalizar los llamados "delitos de prensa" en cada uno de los estados de la República Mexicana, y la indispensable federalización de los delitos contra la libertad de expresión.
- Impulsar una reconfiguración jurídica que permita el funcionamiento eficaz de la fiscalía especial de delitos contra periodistas.
- Que los poderes ejecutivo y legislativo trabajen en conjunto para promover y organizar una visita in si tu de la relatoría de la libertad de expresión tanto de la CIDH, como de la ONU, con el objeto de que se analicen las circunstancias en que se ejerce el trabajo informativo en los entidades federativas más afectadas en la materia.
- Que el Estado Mexicano armonice con los estándares internacionales las leyes en materia de medios de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información, garantizando con ello una real participación de los diversos actores sociales, y haga respetar plenamente la labor del gremio periodístico.
- Crear redes de apoyo, promoción, información y seguimiento jurídico sobre actos contra periodistas, en las que universidades, despachos de abogados, organizaciones no gubernamentales, organismos gremiales, entre otros, coordinen sus esfuerzos en la defensa de la libertad de expresión.
- Incentivar la reflexión y el planteamiento de propuestas legislativas que eviten la inhibición al libre ejercicio periodístico mediante el uso discrecional y condicionado de la publicidad oficial, y que promuevan y fomenten el pluralismo informativo y el servicio social.
- Estimular el desarrollo de estudios e investigaciones sobre libertad de expresión, así como publicaciones sobre el tema dirigidas tanto al gremio como a la sociedad civil y la comunidad académica.
- Promover desde la academia y en el ámbito profesional la necesidad de reflexionar sobre ética periodística y responsabilidad social con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios en materia informativa que permitan elevar la calidad de los contenidos mediáticos.
Quizás todo lo anterior parezca sólo una carta de buenos deseos, pero la actual lectura de las circunstancias en que se desarrolla la libertad de expresión en México, exige apelar a la sensibilidad y la inteligencia de todos los actores involucrados".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario